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En los momentos actuales estamos asistiendo a un fenómeno que, si no es nuevo, sí está alcanzando dimensiones hasta ahora desconocidas: el proceso se ha convertido en objetivo recaudatorio de los poderes públicos que no han dudado en desagregar el hecho imponible judicial o procesal para someterlo a tributación en sus diversas manifestaciones. Así, se va a exigir el pago de tasas por la actuación de los juzgadores, por la actuación del personal de apoyo a los juzgadores e incluso por la obtención de copias de documentos e instrumentos judiciales.
