Dada la creciente intervención de la Administración Pública en los diferentes ámbitos de la vida social, los supuestos en que puede incurrir en responsabilidad patrimonial son muy numerosos y variados. Y uno de ellos se produce en los casos en que los órganos administrativos realizan actuaciones, o dictan actos, más allá del plazo en que deben hacerlo, y esa circunstancia origina un daño a otras personas que no tienen el deber jurídico de soportarlo.