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La loable iniciativa de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para la creación de la Comisión de Peticiones y Participación Ciudadana supone un gran avance en el reconocimiento y promoción del Derecho de petición en sede parlamentaria, acorde a las exigencias actuales de mayor transparencia y participación de los ciudadanos en la vida pública. Sin embargo, no todos los poderes públicos, como se verá, tienen clara la naturaleza y alcance del Derecho fundamental reconocido en el artículo 29 de la Constitución.
