Las diferentes Administraciones Públicas españolas han venido adoptando, progresivamente, un modelo organizativo basado en la creación de múltiples entidades instrumentales, sometidas fundamentalmente al Derecho privado, con el teórico argumento de actuar con menos rigideces y ganar en eficacia. Modelo que, a día de hoy, puede decirse que ha tocado fondo ante el fracaso global que ha supuesto esta opción organizativa. Urge, en consecuencia, un cambio de orientación reconduciendo la situación hacia fórmulas jurídico-públicas.