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María José Achón Bruñén
La dramática situación en la que se encuentran miles de familias españolas que, como consecuencia de su situación de desempleo de larga duración, no pueden atender el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los préstamos hipotecarios concertados para la adquisición de su vivienda, exige una rápida respuesta por parte de los poderes públicos al propio tiempo que una reforma urgente del procedimiento de ejecución hipotecaria que, lejos de amparar debidamente los derechos de los justiciables, pone en entredicho su derecho de defensa.
