La utilización de materiales resulta imprescindible para la enseñanza y este hecho está recogido como excepción en múltiples legislaciones. Sin embargo, la falta de homogeneidad normativa unida a las posibilidades de la tecnología actual, hace que sea muy complicado congeniar la protección de las obras en este ámbito con su necesaria utilización para los fines docentes. Además, la multiplicidad de formas de autoría o de cesión de derechos de forma parcial, complica aún más el panorama. El papel de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor como instrumentos de administración de las obras sobre las que tienen mandato resulta fundamental para el uso de los materiales de manera ajustada a la legalidad, así como para promover la confianza entre los autores para la protección de sus derechos.