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La duración limitada de las magistraturas en la Roma republicana y su posterior decadencia con la prorrogatio imperii, nos hace reflexionar sobre la relevancia de la temporalidad de los cargos públicos como garantía de un sistema democrático. Utilizando el ejemplo romano, comparamos lo que sucede desde la entrada en vigor de nuestra Constitución de 1978 hasta hoy, y observamos con preocupación, como la durabilidad en los mandatos de los principales órganos contitucionales se está relajando, sin que ni siquiera existan los motivos que en Roma justificaron la prorrogatio imperii
