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Los Acuerdos de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) de noviembre de 2004 pretenden asegurar la participación formal de las comunidades autónomas españolas en el Consejo de la UE y sus instancias preparatorias. El papel que desempeñan las oficinas y delegaciones de las comunidades autónomas españolas en Bruselas en todo el proceso es clave, ya que en la práctica asumen una parte importante de dicha participación, a pesar de no estar prevista por los Acuerdos. Pero la diversidad de las oficinas en términos de recursos, el contexto actual de crisis económica y el hecho de dejar escapar efectos secundarios positivos para las propias autonomías sugieren la adopción de otro modelo de participación, en el que las oficinas y delegaciones sean más un vehículo de apoyo para las comunidades autónomas que ostenten la representación regional formal que las verdaderas protagonistas del sistema.
