Las recientes medidas de sostenibilidad del sistema sanitario adoptadas por el Ejecutivo (ROL 16/2012) suponen una modificación del régimen de aseguramiento público y una nueva regulación de la condición de asegurado y beneficiario que entró en vigor el 5 de agosto a través del Real Decreto 1192/2012. Esta norma establece los requisitos de acceso a la prestación de asistencia sanitaria pública, el procedimiento para su reconocimiento y las causas de extinción del derecho. Para los ciudadanos españoles, se garantiza la asistencia sanitaria universal si se cumplen dos condiciones: ser residente en España y no tener ingresos superiores a 100.000 euros en cómputo anual. La residencia legal en España es un requisito básico sobre el que gira el régimen de exclusiones de la norma y que afectará no sólo a extranjeros en situación irregular, sino a ciudadanos de la UE y de otros Estados europeos.