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Antonio Piga Rivero 
Desde la promulgación de la Ley 33/2011 General de Salud Pública y sobre todo del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, se ha producido en España una fuerte polémica sobre la legitimidad de algunas de las medidas aprobadas que, con independencia de sus motivos, pueden tener efectos gravísimos e irreparables en algunos casos sobre la salud de aquellas personas sin derecho a la asistencia pública de salud y sin recursos para costearse la asistencia privada, que puede ser costosísima (...) el presente artículo tiene como finalidad el analizar los motivos éticos y deontológicos que algunos médicos pueden oponer al cumplimiento de algunas disposiciones de esta legislación, analizar los principales supuestos y, sobre todo, buscar formas de conseguir soluciones lo más ecuánimes que sea posible, a los conflictos que se puedan plantear.
