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José Rodríguez de Pablo, Egbert Rodríguez Messmer
La política energética en los últimos 10 años se ha dirigido casi exclusivamente a introducir las energías renovables en nuestro sistema productivo a través de la generación eléctrica. Para lograrlo la ley del sector eléctrico de noviembre de 1997 estableció la prioridad de acceso a la red de los nuevos productores en unas condiciones económicas que mejoraban los precios de los suministradores en régimen ordinario. El resultado ha sido una significativa participación de más del 30 por 100 en la producción eléctrica procedente de energías renovables, aunque con un importante desequilibrio económico debido al alto coste de su introducción. Las energías renovables tienen que participar con una cuota importante, mayor que la actual, en la oferta total de energía primaria, por razones económicas y de dependencia exterior; con este objetivo, es preciso derogar la normativa legal vigente, de tal forma que se refuerce la legalidad jurídica y se aporte la coordinación, necesarias para que este sector fundamental de la economía española cumpla sus fines.
