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Ángeles González Fernández
En las aproximaciones históricas al franquismo, la huelga obrera viene siendo considerada como un instrumento central de oposición a la dictadura y de combate por la democracia. Este punto de vista atiende escasamente a la contraparte necesaria: el empleador. De hecho, cuando se acerca a él lo hace de manera insuficiente y sesgada. Parcialmente tolerada por las autoridades tras la aprobación de la Ley de Convenios Colectivos Sindicales (1958), la huelga tuvo que ser aceptada por los empresarios como mal menor, contrapartida obligada para aumentar la productividad de sus negocios y afrontar con éxito el reto de la modernización económica. La actitud pragmática permitió a los empresarios reclamar la regulación del derecho de huelga al mismo tiempo que negociaban la solución de los conflictos en sus empresas al margen de los cauces oficiales. Desarbolados por la huelga en los años setenta y, a su juicio, desasistidos por las autoridades, los empresarios procedieron, con un acusado carácter reactivo, a la creación de un sistema asociativo inédito y apostaron por la firma de un pacto social como mecanismo para, entre otros objetivos, contener y encauzar la conflictividad dentro del ámbito estrictamente laboral.
In the historians approach to Franco’s regime, the workers’ strikes have been regarded as a central instrument of opposition to dictatorship and fight for democracy. This view does not take into account the necessary counterpart: the employer, seldom analised and often seen under biased lenses. The strike became partially tolerated by the authorities after the adoption of the Law Union Collective Agreements (1958), therefore it had to be accepted by employers as a lesser evil, a necessary counterpart to increase the productivity of their business and successfully meet the challenge of economic modernization. The pragmatic attitude allowed employers to claim the regulation of the right to strike while negotiating the settlement of conflicts in their firms outside the official channels. During the seventies business suffered increased strike pressure and felt a lack of support from the authorities, a feeling that lead to create a new business association and pushed for the signing of a social pact as a mechanism for, inter alia, contain and channel conflict strictly within the workplace.
