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El trabajo revisa el instituto de la prisión domiciliaria con particular atención respecto de la situación de los imputados o condenados mayores de 70 años y miembros del aparato represivo del Estado durante la última dictadura militar en Argentina. Evalúa si la demanda de las agrupaciones argentinas de derechos humanos de cárcel efectiva (i.e. denegación del beneficio de prisión domiciliaria) para estos represores es conforme con el derecho argentino. Sobre la base de un análisis de tres interpretaciones de la normativa que regula la prisión domiciliaria, el trabajo muestra por qué los jueces no deben hacer lugar a dicha demanda.
