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José Luis Esteban Villar
El día 1 de enero de 2012 ha entrado en vigor, para alborozo de nuestra clase política y ante la resignada indiferencia de la mayoría de los empresarios españoles que aún sobreviven al naufragio colectivo, la Ley 38/2011 de Reforma de la Ley Concursal 22/2003, de la que los primeros parecen esperar el milagro de que, en este ejercicio, no se declaren insolventes más de las 5.367 compañías que se acogieron al Concurso de Acreedores en el año 2011 (un 19% más que en el 2010), mientras los segundos conservan la esperanza de poder contarse entre los «privilegiados» que se salvarán de la «pedrea» en los próximos meses, confiando en las reformas estructurales emprendidas por el actual gobierno.
