La dificultad de la implementación de las medidas que parecen deducirse, las implicaciones económicas y de negocio que tiene su aplicación estricta, y su teórica exigibilidad desde el día siguiente a su publicación en BOE sin un plazo de adaptación, colocan a la inmensa mayoría de responsables de sitios web de España en situación de potencial infracción de la LSSI