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El RDL 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, ha introducido, en su disp. adic. 1.ª, la posibilidad de una regularización fiscal extraordinaria («amnistía fiscal», en el entendimiento de algunos), que está generando notables incertidumbres, no solo en el ámbito fiscal y tributario, sino en lo que se refiere a la interpretación de cuál sea, exactamente, la trascendencia penal de la misma, a los efectos de poder quedar exonerado de posibles delitos fiscales, falsedades instrumentales, irregularidades contables y blanqueo de capitales, estos últimos asociados al propio delito fiscal. El presente trabajo pretende aclarar, en la medida en que el acierto del autor lo permita, y a la vista de la confusa regulación del Real Decreto-Ley cuáles pueden ser las diversas opciones interpretativas y cuál, de entre ellas, la que al autor le parece más razonable.
