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La Audiencia Provincial de Palma estimó recientemente un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal acordando la transcripción de las declaraciones de los imputados y testigos recogidas en soporte audiovisual, en causa que se sigue ante un Juzgado de Instrucción de la misma ciudad. Esta decisión invade decisivamente la función de documentación, responsabilidad propia, de los secretarios judiciales en cuanto instrumento necesario del exclusivo y pleno ejercicio de la fe pública judicial, produce amplio disenso normativo partiendo de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial y supone una tendencia involutiva al imparable proceso de modernización tecnológica de la Administración de Justicia que, tras el decidido impulso político y consolidación normativa, tiene en los secretarios judiciales su máximo garante.
