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El principio de la libertad de contratación permite que los particulares decidan con quién contratar, cuál será el objeto del contrato, cómo será regulada esa relación contractual e, incluso, cómo serán solucionadas o resueltas las diferencias que pudieran llegar a surgir entre las partes contratantes. El arbitraje, por ejemplo, ha ganado una marcada aceptación como medio de solución de conflictos, pero existen ciertas materias que, por razones de orden público, no pueden ser resueltas mediante arbitraje. Dentro de la Unión Europea, la inarbitrabilidad de un conflicto está regulada de acuerdo con las leyes de cada uno de los Estados Miembros. En consecuencia, conflictos que no son arbitrables con arreglo a lo que establecen las leyes de un Estado Miembro podrían o podrían no ser arbitrables a tenor de lo que disponen las leyes de otro Estado Miembro, cuestión que termina siendo contraria al concepto de unificación y armonización del Derecho Contractual Europeo, y en particular, a la idea de un orden público europeo que le permita a los ciudadanos someter sus conflictos por ante un árbitro. Esta investigación aporta una breve y sin embargo completa explicación de la noción de orden público al ser relacionada con el principio de la libertad de contratación y el derecho que tienen los ciudadanos europeos a solucionar sus conflictos mediante arbitraje.
