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La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2011 ha supuesto una matización muy seria e importante del denominado principio de discrecionalidad técnica de los Tribunales calificadores y Órganos de selección de personal. A juicio del autor, la consolidación de la doctrina contenida en aquélla resolución del Alto Tribunal, puede traer muy negativas consecuencias para el sistema legalmente establecido de acceso a la función pública. En este trabajo se analizan esas consecuencias, después de exponer cuál ha sido el posicionamiento del Tribunal Supremo hasta la Sentencia de 16 de febrero de 2011 y comentar críticamente esta.
