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La crisis económica por la que están atravesando numerosos países ha puesto de relieve, por parte de la opinión pública, algunos aspectos que en época de bonanza jamás se plantearían, traducido en una pregunta ¿los inmigrantes son un gasto para los países receptores? En el presente artículo se intenta demostrar que la población inmigrante, aún en esta situación de desempleo generalizado, sigue siendo una inversión que genera beneficios incuestionables en diferentes ámbitos. Para contrastar esta premisa con los datos reales, se analiza la Encuesta de Población Activa, la Pirámide de Población de España, el Padrón Municipal de habitantes, la utilización de los servicios sanitarios, la escolarización y los gastos en educación, así como las partidas presupuestarias dedicadas por el Gobierno al mantenimiento de las políticas sociales.
