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Razones político-criminales de utilidad contra la delincuencia organizada han justificado el establecimiento de un «premio» o perdón como contra contraprestación por una conducta del culpable confeso colaborador con las autoridades que consiste en la disminución de los efectos punitivos. Dicha decisión de rebajar la pena en uno o dos grados en absolutamente facultativa por parte del Tribunal. Se analiza de manera exhaustiva otros mecanismos de atenuación de la pena como son la aplicación de las circunstancias atenuantes de los núms. 4, 5 y 6 del artículo 21 del Código Penal.
