La existencia de una serie de derechos y garantías reconocidos a los ciudadanos en el instrumento jurídico básico tributario supone como contrapartida la existencia de una serie de obligaciones para la Administración que se traduce, en términos generales, en respetar los derechos que la LGT reconoce a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración en el ámbito tributario.