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Marcos Loredo Colunga
El establecimiento de un centro de detención en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo respondió a la necesidad de dependencias específicas para acoger al ingente número de prisioneros que la "guerra contra el terrorismo" estaba generando. En sus años de vida, esa prisión ha sido el escenario de prácticas contrarias a los más esenciales derechos fundamentales, abusos que fueron reconocidos incluso de forma oficial y que provocaron un rechazo unánime hacia este símbolo de la ignominia. Haciéndose eco de ese clamor generalizado, en enero de 2009 el Presidente Barack Obama ordenó que se procediera al cierre de dichas instalaciones en el plazo máximo de un año. Agotado dicho plazo, la clausura no ha tenido lugar, pues la puesta en práctica de dicha decisión se ha revelado más compleja de lo inicialmente previsto. Así, es preciso encontrar un país de acogida para aquellos internos que deben ser liberados, toda vez que se descarta su entrada en territorio norteamericano. En cuanto al enjuiciamiento de los que han de enfrentarse a cargos penales, es susceptible de llevarse a cabo por órganos civiles o militares, variando de forma significativa las garantías procesales existentes en cada foro. Por último, existe un número importante de prisioneros a los que se pretende mantener privados de libertad de forma indefinida y sin cargos, invocando una potencial peligrosidad sólo indiciariamente constatada, lo que lleva a cuestionar la justificación de dicha medida.
