El nuevo mecanismo de pago y cancelación de deudas con proveedores de entidades locales y su instrumentación por los Reales Decretos Leyes 4/2012 y 7/2012, mediante la «adopción inmediata de medidas urgentes y de carácter extraordinario», se justifica por la «acuciante» (desesperada en muchos casos) situación de falta de liquidez de las empresas por los retrasos en el pago de las entidades locales, y por la «escasa eficacia» (absoluta inoperancia) de las disposiciones acordadas en los últimos años a tal fin (como el sistema de registro de facturas y la línea de crédito ICO-Morosidad Entes Locales). Se trata de un sistema bien diseñado que va a suponer una importante inyección de liquidez a las empresas y puede contribuir a reactivar la economía española.