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El inicio de una nueva etapa política en el Gobierno de la Nación, cuyo primer capítulo quedará marcado por una cascada de reformas sustanciales sobre relevantes sectores de la acción pública, permite augurar la apertura de un proceso de reflexión en torno a las herramientas con que debería hacer frente el derecho urbanístico a sus retos en medio de este contexto. Técnicas liberalizadoras podrían volver a intentarse, esta vez con la experiencia del pasado como maestra: habrán de ser las Comunidades autónomas las que de manera efectiva las incorporen a sus regulaciones, especialmente tratándose de las procedimentales. En cuanto al Estado, la eventual verdadera liberalización a su alcance, en lo sustantivo, podrá servir al relanzamiento del agonizante sector empresarial, redimensionando las cargas -enajenadas hoy a la realidad del diferente coste del suelo urbano y del urbanizable (que nunca debió permitir la unificación de sus regímenes jurídicos)- a que debe hacer frente en los proyectos de grandes transformaciones urbanas, su campo de actividad natural -y de supervivencia- para los próximos años.
