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La posibilidad anunciada de desplazar el conocimiento de los divorcios de mutuo acuerdo a los notarios ha sido recibida de forma desigual por los distintos «operadores jurídicos» implicados en la reforma. Este trabajo pretende, avanzando un poco más, destacar los problemas de litigiosidad que plantean los convenios reguladores, llamando a la reflexión en cuanto a una serie de cuestiones que deberán ser tenidas en cuenta por la reforma publicitada si se quiere dotar a la misma de una mínima funcionalidad y eficiencia.
