En el contexto internacional del flujo transfronterizo de datos tanto por medios meramente físicos así como electrónicos, es indudable la necesidad de crear un marco jurídico que proteja a la información en su arista más sensible: aquella en la que su contenido consiste en realizar el tratamiento de datos personales que se relacionan con la esfera de la intimidad, tocando a la privacidad y por supuesto incluso a aquellos datos que por estar en el dominio público aparentemente no requieren de una protección