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Agustín Romero Pareja
Pese a la protección del secreto de las comunicaciones existen delitos que por su gravedad precisan conculcarlo. A tal efecto, la injerencia en las comunicaciones y conversaciones telefónicas de los delincuentes es un instrumento de investigación muy eficaz que se puede anticipar a los comportamientos delictivos; siendo además un medio de prueba muy sólido para destruir su presunción de inocencia. En base a ello, el Preámbulo de la L 25/2007 establece que la aplicación de las nuevas tecnologías desarrolladas en el marco de la sociedad de la información han supuesto la superación de las formas tradicionales de comunicación, al alcance de cualquier persona y en cualquier rincón del mundo, por lo que también pueden ser puestas al servicio de la consecución de fines delictivos, de ahí la necesidad de regular la obligación de los operadores de las telecomunicaciones de retener determinados datos generados o tratados por ellos y que puedan ser requeridos por la autoridad judicial en el marco de una investigación criminal.
