Las filtraciones de actuaciones judiciales a los medios de comunicación han existido siempre, pero hoy en día, merced a las nuevas tecnologías, que permiten poner de forma inmediata al alcance de todo el mundo vía web, por ejemplo, cualquier documento íntegro filtrado, alcanzan una dimensión y un grado de difusión hasta hace unos años impensable. Todos los operadores jurídicos coinciden en que debe reformarse el marco normativo para poner fin a esta práctica. En este artículo intentamos proponer una vía alternativa para frenarla, pero no a través del castigo del filtrador, que lo merece, sino persiguiendo a quien obtiene mediante su publicación un más que evidente beneficio del acto ilícito y antijurídico que es la filtración.