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Desde la fundación de EE UU existe la preocupación por el modo en que el dinero desvirtúa el proceso democrático. Las primarias republicanas muestran que no se ha encontrado la forma de evitarlo.
Las �primarias� y los �caucuses� que organizan los partidos para elegir su candidato a las elecciones presidenciales de noviembre de este año se están convirtiendo en una pesadilla por su frecuencia y la inevitable reiteración de la retórica de los contendientes. Es un sistema que se inició en 1910 en un intento por democratizar la elección de los candidatos, que hasta entonces eran seleccionados, casi exclusivamente, por los barones de los partidos. Se trata de elegir, a escala estatal y local, delegados comprometidos con uno de los candidatos; en las primarias mediante elecciones, abiertas a todos los votantes o cerradas solo para los miembros del partido; o en los caucuses, simples asambleas de partidarios. En un sistema electoral mayoritario, como es el de Estados Unidos, esta elección de delegados sirve para reunir y dirimir las diferencias, a veces antagónicas, de las diversas alas de los partidos, lo que en un sistema electoral de representación proporcional se obtiene mediante una multiplicidad de partidos.
Mientras tanto es escandaloso el dispendio que se está produciendo. La regulación del gasto electoral para impedir que el dinero desvirtúe el proceso democrático es algo que ha preocupado desde el comienzo mismo de EE UU. La Constitución no contiene ninguna limitación a lo que los candidatos puedan gastar; es más, están protegidos por la garantía constitucional de la libertad de expresión que el Tribunal Supremo ha mantenido en varias ocasiones. En el siglo XIX, sin embargo, la aparición de grandes empresas con recursos inconmensurables alumbró la creciente corrupción del sistema.
