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A juicio del autor la exigencia de que las operaciones acogidas al régimen especial de fusiones respondan a motivos empresariales se deriva de una interpretación literal y finalista de la norma por lo que, en su ausencia, procede la inaplicación de dicho régimen sin necesidad de acudir al expediente de fraude de ley. Ello sin perjuicio de que, dado que la cláusula antiabuso protege el interés financiero de los Estados miembros, a la ausencia de motivación económica ha de añadirse la existencia de una ventaja fiscal. Si dicha ventaja fiscal no existe, no procedería la inaplicación del régimen especial de fusiones.
