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El objetivo fundamental de este trabajo es aportar algo de luz para dilucidar si es necesario tipificar como delito la gestión deficiente del gasto público en España o es suficiente aplicar las normas que ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico actual pero que no se aplican en sus justos términos. Se trata, en definitiva, de reflexionar sobre si es necesario modificar el ordenamiento jurídico vigente para poder exigir responsabilidades a los gestores que han incumplido dichos mandatos legales y que han ocasionado un elevado déficit presupuestario que ha avocado a España a una crisis económica sin precedentes
