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Martín Lozada
El Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, emitió el 4 de marzo pasado una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hasán el Bashir, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la región sudanesa de Darfur. A partir de esa orden, el presidente sudanés podrá ser arrestado en cualquier país del mundo. Sin embargo, es poco probable que un dirigente de un Estado poderoso sea llevado al banquillo de los acusados por este Tribunal que, desde sus inicios hace diez años, ha sufrido el boicot de las grandes potencias.
