El debate sobre el criterio de imposición de las costas en el ámbito contenciosoadministrativo fue algo ya muy vivo (y cambiante) con ocasión de la elaboración de la Ley de 1998 reguladora de esta jurisdicción. En la reciente Ley de Agilización Procesal se han vuelto a reproducir este asunto y, aunque estuvo a punto de frustrarse, se ha impuesto el criterio objetivo del vencimiento. En el análisis de los postulados, entonces y ahora, subyacen argumentos como la igualdad de criterio con el ámbito civil o la consideración de que perjudica al ciudadano en la tutela judicial efectiva.