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El trabajo estima las consecuencias para España de la aplicación en la Unión Europea del proyectado régimen de base imponible común consolidada del Impuesto sobre Sociedades. A partir de una muestra de, aproximadamente, 3.300 sociedades de veinticuatro países, el trabajo concluye –en línea con los resultados de otras investigaciones– que España puede verse favorecida por el nuevo régimen, con independencia del peso que se asigne a cada uno de los factores habitualmente empleados para repartir la base común consolidada entre los Estados Miembros: las ventas, los activos y el empleo.
