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Javier Alfaya
Desde julio de 2007, veintidós asociaciones de memoria histórica y una decena de particulares reclaman una investigación sobre las desapariciones, "sacas", asesinatos, torturas y exilios forzosos que cometieron en España a partir de 1936 y por los que, a su juicio, debería responder el Estado español dentro del marco actual de sus obligaciones por la violación del Derecho Internacional. En un auto de 68 páginas, hecho público el pasado 16 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se ha declarado competente para realizar las investigaciones sobre los desaparecidos en la Guerra Civil española (1936-1939). El juez asegura que observa delitos "de detención ilegal permanente sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad", y ha autorizado la exhumación de diecinueve fosas comunes, entre ellas la del poeta Federico García Lorca. Baltasar Garzón busca a los responsables de esos crímenes. Y ha solicitado los certificados de defunción del dictador Francisco Franco y otros altos cargos de su régimen. Si no se ha dado razón del paradero del a víctima, el delito de "desaparición" permanece en el tiempo y sigue existiendo a día de hoy. El juez considera que todo comenzó el 18 de julio de 1936 con el golpe de Estado militar contra la democracia.
