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Se plantea la posibilidad de que en los casos de violencia de género en los que el acusado haya sido condenado a pena privativa de libertad y haya cumplido la pena y vaya a salir en libertad por tal motivo si, ante el peligro de que se le acerque a la víctima quebrantando la pena de alejamiento, se plantee por la víctima, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o el Ministerio Fiscal, al Juez o Tribunal sentenciador, que se proceda a la instalación de brazaletes electrónicos que controlen el alejamiento. Por ello, analizamos la viabilidad legal de que la instalación de brazaletes electrónicos se lleve a cabo en la fase de ejecutoria penal sin que se haya acordado previamente en la sentencia y la sistemática y metodología de que ello pueda llevarse a cabo.
