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Rosa María Pérez Yáñez
La aprobación de la Ley de la dependencia a finales del año 2006 supuso un notable avance en la tutela de las personas en situación de dependencia en nuestro país. Aun así, el complejo diseño del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia -que la norma creaba-, con la necesaria implicación de las distintas Administraciones Públicas, los delicados equilibrios competenciales buscados por el legislador estatal y los nutridos recursos económicos que el sistema demandaba para su correcto funcionamiento hacían presagiar no pocas dificultades en su efectiva puesta en marcha. La situación descrita se ha venido a complicar, aún más, si se tiene en cuenta que la experiencia aplicativa de la ley, en estos primeros años de rodaje, ha debido convivir con un panorama generalizado de crisis económica y financiera poco propicio para el desarrollo de políticas sociales. Así las cosas, en el estudio que sigue se ha prestado una atención especial al problema de la financiación del SAAD, por tratarse de una cuestión nuclear desde la aparición de la LPAD; una cuestión que, por el contexto de crisis ya citado, no ha dejado de ocupar un lugar central en la efectiva aplicación de la ley, dependiendo de ella, en buena medida, el mayor o menor éxito del sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Por otra parte, los numerosos aspectos de la Ley que quedaban remitidos a un ulterior desarrollo reglamentario han dado como resultado una elevada producción normativa en esta materia que, en ocasiones, puede llegar a oscurecer el panorama completo. La complejidad se hace aún mayor si se tiene en cuenta que a la regulación estatal debe añadirse, necesariamente, la abundante normativa autonómica dictada al efecto.
