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Jesús Cruz Villalón 
La reforma en materia de Seguridad Social llevada a cabo al final de la presente legislatura, objeto último de análisis en el presente número monográfico de la revista, se inserta en la honda de reformas precedentes que se han venido produciendo en nuestro país a lo largo de las tres décadas precedentes. Cuando menos responde a las mismas claves, en la medida en que se inserta en el marco de desarrollo de los principios reformadores del Pacto de Toledo, que ha orientado la adaptación de nuestro sistema de protección a los cambios producidos en nuestro modelo de crecimiento económico y, especialmente, de nuestra realidad social. El elemento que con mayor intensidad ha condicionado la presente reforma ha sido el derivado del impacto del intenso proceso de envejecimiento de la población, consecuencia éste a su vez de la prolongación de la esperanza de vida y de la reducción de la tasa de natalidad, a lo que se le une la postergación en la incorporación al mercado de trabajo de la población juvenil. La reforma inicialmente pretende actuar sobre el gasto, por la vía de la prolongación de la vida laboral y con el cómputo de un período más prolongado de la cotización a efectos de la determinación de la base reguladora. No obstante ello, en el corto plazo pretende también incidir en la carrera de cotización de quienes hasta el presente han mostrado situaciones más elevadas de irregularidad o niveles más reducidos de cotización, transmitiendo un mensaje de estabilidad en la cotización para que despliegue efectos sobre la vertiente de los ingresos desde un primer momento. El estudio concluye con unas propuestas de rediseño de la estructura de la Ley General, en el contexto del futuro texto refundido, que desde una perspectiva de estricta técnica jurídica dé forma al modelo de Seguridad Social diseñado por el Pacto de Toledo.
