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Al hilo del análisis normativo de la autorización judicial para la expulsión de extranjeros incursos en causa criminal regulada en el art. 57.7.a) LO 4/2000, de 11 de enero, sobre de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social �LODLE�; de su naturaleza jurídica como decisión basada en criterios de oportunidad; y de la limitada participación que se confiere al perjudicado o víctima en el incidente de autorización judicial, se realiza un análisis de la posición jurídica de éste durante y tras su tramitación. Se proponen como posibles soluciones: la posibilidad de poder considerar como posible causa de denegación de la autorización la existencia de reclamación de responsabilidad civil, así como dejar abierta la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración, cuando la prevalencia del interés general haga truncar las expectativas del perjudicado de ver satisfechas sus pretensiones resarcitorias.
