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El presente artículo analiza la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Boxus (de 18 de octubre de 2011). El objeto de este asunto tiene que ver con las garantías de recurso que establece el Convenio de Aarhus en relación con la previsión de la Directiva 85/337, de evaluación de impacto ambiental, de que los proyectos de construcción adoptados mediante acto legislativo quedan fuera de su ámbito de aplicación, en la medida en que los objetivos de la Directiva sean respetados. La importancia de la sentencia radica en que el Tribunal confirma la necesidad de garantizar una vía de recurso ante un órgano establecido por ley (judicial o de otra naturaleza, pero que sea imparcial) para impugnar la legalidad de dicho acto, en cuanto al fondo y al procedimiento seguido.
