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El presente estudio pretende cuando menos cuestionarse hasta dónde debe extenderse el legislador en la disciplina urbanística y social. El infractor está dispuesto a todo, está abierto a que lleguemos al punto más absurdo de la legalidad que permita un desarrollo urbanístico que amenaza al medio y resulta insostenible, mientras no creo que sea ajeno para nadie la realidad disciplinaria de nuestras Administraciones, en muchos casos inexiste. La constancia de la justicia social es ideal y necesaria para la aplicación óptima de una disciplina urbanística que debe hacerse más experta y madura.
