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En el presente trabajo se analiza la posición de la Sala de lo Constitucional en su calidad de tribunal último - y superior - en la jurisdicción constitucional. El análisis se realiza sobre el aparente conflicto jurisdiccional suscitado entre dicha Sala y el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación al proceso de amparo nº 288-2008. Este conflicto se origina a partir de la interpretación que cada una de esas instancias realizó en torno al momento en que debe considerarse que los magistrados propietarios de la mencionada Sala, además de ser jueces, son también autoridad demandada en un proceso de amparo, lo que impediría que éstos puedan juzgar en dicho proceso cuando la parte demandada fuese el pleno de la Corte. Mientras los magistrados propietarios de la Sala interpretaron que serían parte si hubiesen participado en el acto administrativo que provocó el proceso de amparo, los magistrados del pleno, por su parte, estimaron que lo son por el simple hecho del cargo que ostentan, es decir, a partir de su nombramiento como magistrados, sin considerar sus condiciones personales. Así, el conflicto provocó una serie de "resoluciones" provenientes del pleno de la Corte Suprema de Justicia, las cuales, aunque incapaces de detener el correcto desenvolvimiento de la jurisdicción constitucional, han sido lo suficientemente provocadoras para analizar tanto su criterio jurídico, como el diseño constitucional y legal de la Sala de lo Constitucional, garante último de nuestra Norma Suprema, dado el riesgo latente de que la Corte Suprema de Justicia se asiente como su tribunal superior.
