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Álvaro Artiga González
La noche del 28 de julio de 2010, la Asamblea Legislativa aprobó dos acuerdos de reforma constitucional para exigir la afiliación partidista a quienes pretendan ser candidatos para diputados o para miembros de concejos municipales. Estos acuerdos fueron la respuesta anticipada, gracias a la filtración de información desde la Corte Suprema de Justicia, a la sentencia 61-2009 de la Sala de los Constitucional, que declaraba inconstitucional varias disposiciones del Código Electoral relacionadas con las candidaturas y la forma de elegir a los diputados.
Por varios meses desde que se emitió la referida sentencia, el país ha vivido un inusual enfrentamiento entre, por un lado, cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, y por otro lado, los diputados, los dirigentes partidistas, el presidente de la República, el fiscal general y otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este trabajo recoge parte de dicho enfrentamiento y se hace un análisis de sus principales hitos ocurridos entre julio de 2010 y marzo de 2011. Como tal enfrentamiento supera estos límites temporales, este artículo es solamente la primera parte del análisis global de la reforma y la contrarreforma electoral que define la coyuntura previa de las elecciones de diputados y concejos municipales de 2012.
