De acuerdo con el Tribunal de Justicia, la elaboración de documentos y la función de autenticación proporcionada por Notariado Latino no es una actividad que se considere en relación con el ejercicio del poder público en el sentido del artículo 45 del Tratado CE. Esta conclusión, sin embargo, requiere un análisis cuidadoso y crítico tanto como los documentos notariales despliegan mayores efectos públicos legales en muchos Estados miembros, relativos a la prueba privilegiada y la ejecución, entre otras cosas. El Tribunal de Justicia, siguiendo una regla más progresiva del enfoque de la razón, debería haber reconocido su lugar en el vínculo de la profesión notarial con el poder público, que no necesita en última instancia, ser un obstáculo para prohibir la cláusula de nacionalidad, como no proporcionadas para proteger intereses públicos nacionales.