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María del Carmen Martínez
La legislación española ha abordado la protección de las personas con discapacidad, y, en concreto, de discapacidad intelectual, de manera continuada en tres momentos concretos, como desarrollo del art. 49 de la Constitución. En un primer momento con la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos; posteriormente, con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y finalmente, incluyendo a las personas con esta discapacidad en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. El hilo conductor de las tres iniciativas legislativas, que no se excluyen, sino que tienden a complementarse, se encuentra en la aplicación del principio de igualdad de acuerdo con lo previsto en el art. 9.2 de la Constitución, es decir, en el mandato a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Desde esta perspectiva en este estudio se examina la discapacidad intelectual a través de las reformas legislativas, desde la perspectiva de la igualdad jurídica, la protección asistencial y la asistencia sanitaria.
