El legislador ha desarrollado la figura del Defensor de los derechos que se incluyó en la amplia reforma constitucional de 2008, asimilándose al Defensor del Pueblo español, pero con la peculiaridad de atribuirle tres campos específicos: velar por los derechos del niño, la lucha contra las discriminaciones, directas o indirectas, y la promoción de la igualdad y vigilar el respeto de la deontología por parte de las personas que ejercen actividades de seguridad. La regulación y garantía de los derechos se ha visto secundada también por otra actividad del legislador, como, entre otras, la ley sobre la bioética o la regulación de la detención. De igual modo, diversas sentencias del Consejo Constitucional o del Consejo de Estado han versado sobre diversos ámbitos de la protección de derechos, en particular en torno a la protección de la igualdad y los derechos de los extranjeros.