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Aunque pudiera prima facie colegirse del Auto dictado el 9 de junio de 2011 por el TC que marca un hito descollante en su jurisprudencia respecto al Derecho de la Unión, no parece en el fondo que el planteamiento de las cuestiones prejudiciales al TJUE responda a otro designio que el de intentar hipervalorar su propia concepción sobre el grado de protección que ha de dispensarse al derecho de defensa en el ámbito penal en todo caso. Las cuestiones suscitadas carecen de toda relevancia práctica para el thema decidendi, se efectúa una exégesis particular de la jurisprudencia del TEDH sobre dicho derecho subjetivo público y, por último, se viene a desconocer la significación del principio de reconocimiento mutuo y, por ende, cómo han de articularse las relaciones entre los Estados miembros de origen y ejecución para viabilizar la operatividad de ese principio nuclear de la cooperación judicial en el seno de la Unión.
