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Fernando García Rubio 
En los tiempos actuales de grave crisis económica, cobran fuerza las teorías anteriores a los fenómenos de las tan comentadas desregulación y privatización, en los cuales la administración tiene en el marco del estado de bienestar unas funciones de garantizar un nivel esencial de prestaciones, esto es, una capacidad mínima para la supervivencia de la actividad de los seres humanos, y en ese sentido la actual sociedad compleja, esa capacidad de garantizar unos elementos mínimos, se extiende en el marco de la regulación económica, a la posibilidad o no, de que existan garantías mínimas en la actividad económica entre los particulares, independientemente de las reglas del libre mercado y en virtud de un interés jurídico superior de carácter general por el cual la administración interviene. Esas actuaciones públicas de carácter preventivo suponen en si mismas un ejercicio de funciones administrativas de carácter previo a la existencia de contingencias y por tanto de protección a los intereses patrimoniales de la ciudadanía, lo cual nos debe hacer reflexionar sobre el fundamento y naturaleza de esas prácticas garantistas, no solo en el campo financiero, cuestión esta que nos va a ocupar en las próximas líneas.
