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Durante los últimos años, debido a su frecuencia y gravedad, la prevención de la violencia de género se ha convertido en un objetivo primordial para el legislador, lo que ha desencadenado diversas modificaciones normativas tendentes a garantizar a este tipo de víctimas una protección reforzada. Así, estos actos violentos despliegan consecuencias muy contundentes no sólo en lo que respeta a la sanción del agresor, sino también a la hora de articular la protección de la mujer maltratada desde diferentes puestos de vista: económico, social, educacional, y como no, también laboral. Tantas y tan variadas son las disposiciones legales encaminadas a reconocer derechos específicos a las víctimas de violencia de género que puede afirmarse que disfrutan de una situación especialmente privilegiada en nuestro ordenamiento jurídico de la que no gozan en absoluto las víctimas de otro tipo de delitos. En concreto, el presente artículo se ocupa de compendiar las diferentes repercusiones prácticas que la violencia de género despliega sobre el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
